Alberto Nisman ha pedido a la Cancillería explicaciones sobre la verdadera naturaleza de las sospechosas negociaciones con Irán
Las conversaciones bilaterales con el régimen teocrático de Irán en torno de la causa por el atentado contra la AMIA “progresan”, según afirmó el canciller, Héctor Timerman, “con resultados positivos”. Por eso, el fiscal de la causa, Alberto Nisman, con buen criterio, acaba de requerir a la Cancillería mediante un oficio que se le haga llegar la información pertinente. Nisman agregó que si, por algún motivo, fuera necesaria alguna reserva sobre ésta, ella está disponible. Tanto la AMIA como la DAIA han formulado, como cabía esperar, pedidos similares. En rigor, los argentinos todos comparten la inquietud expresada por el fiscal Nisman, dado que aspiran a un mínimo de transparencia.
Como hemos expresado desde estas columnas, nuestra Constitución contiene un artículo, el 109, que es particularmente claro al señalar que “en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”.
De allí el correcto requerimiento del fiscal, puesto que el Poder Ejecutivo Nacional no puede entrometerse en las causas judiciales en trámite sin violar nuestra Constitución, que establece límites absolutamente precisos al objeto y contenido de las negociaciones en curso con Irán, que deberían circunscribirse esencialmente al tema puntual de la extradición de los iraníes que han sido requeridos por nuestra Justicia por haber sido acusados.
El Poder Ejecutivo debería recordar que en el país hay una causa abierta; un fiscal, Nisman, a cargo de la Unidad Especial AMIA; dos jueces -Rodolfo Canicoba Corral y Ariel Lijo- que intervienen en distintos aspectos de la investigación; las querellas, e incluso Interpol, que actúa en los pedidos de captura internacional que le requirió la Argentina.
Las declaraciones recientes de un vocero de Teherán en el sentido de que ese país tiene la seguridad de que no existe participación iraní en el atentado que se investiga son desalentadoras y proyectan un denso manto de duda acerca de la sinceridad con la que nuestra contraparte participa en las negociaciones iniciadas.
Preocupa asimismo la cuestión de la demora. En un comienzo, nuestra cancillería, el 27 de septiembre pasado, señaló en un comunicado muy poco feliz que la negociación “no se interrumpirá hasta encontrar una solución”. Frase cuya peligrosidad se explica por sí misma porque puede encubrir la intención de eternizar las negociaciones. Lo cierto es que, naturalmente, el proceso judicial no puede detenerse sine die. Ni dilatarse eternamente. Debe poder avanzar, razón por la cual la negociación debe tener otro límite terminante: el de un calendario que debe ser acordado con plazos temporales bien precisos y ciertamente razonables.
Esto es imprescindible dado que estamos frente a un país al que se tiene como especializado en postergar, dilatar y demorar todas las cosas, como surge de la historia de las conversaciones entre Irán y la comunidad internacional sobre el peligroso programa iraní de enriquecimiento de uranio. No podemos caer burdamente en una trampa de esa naturaleza.
No se trata de “compatibilizar marcos legales”, como alguna vez se dijo. Estamos frente a un proceso gobernado claramente por la ley argentina, que es la del lugar en que se perpetró el atroz atentado que dio origen al proceso penal. Ignorar esto sería cometer otro error imperdonable.
Es hora de que las negociaciones se vuelvan transparentes. Las víctimas y sus familiares no merecen que de pronto se los sumerja en la opacidad. Nuestra sociedad, tampoco. La Argentina, agredida reiteradamente por el terrorismo, no puede dilatar más el tema. Ni tampoco puede, como se ha dicho, violentar los límites precisos impuestos por nuestra Constitución y por nuestra legislación penal.
Las conversaciones con Irán pueden estar caminando al borde mismo del abismo de la ilegalidad. Si ése fuera el lamentable final, las responsabilidades de los diferentes actores serían ciertamente gravísimas.
Mientras tanto, la Argentina cada vez le vende más a Irán, igual que a otros regímenes autoritarios. Las exportaciones a Teherán de aceite de soja, por ejemplo, se han duplicado en un año, según muestran las cifras del intercambio bilateral. Sólo Brasil, en nuestra región, comercia más con Irán que nosotros. Claro que el país de Dilma Rousseff no ha sufrido dos espantosos atentados terroristas como el nuestro.
En forma inconcebible, el gobierno argentino ha decidido sentarse a negociar con un régimen acusado por nuestra Justicia de ser el responsable del atentado. O el Poder Judicial argentino se equivocó y el Gobierno lo sabe y procura enmendar el error negociando con Irán, o el Gobierno ha decidido negociar con los terroristas, algo inconcebible y que entraña una grave traición, al tiempo que también obliga a plantearse qué se les ofrecerá a quienes son señalados como los asesinos.
La única negociación posible, si el Gobierno considera válido lo actuado por la justicia nacional, debe apuntar a que Teherán entregue a los iraníes acusados para ser juzgados en nuestro país, como corresponde.
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